Esta decisión fue tomada con el ánimo de apoyar la recuperación económica de los pequeños comerciantes que se han visto afectados tras la actual emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional y el asilamiento obligatorio que ha tenido una duración aproximada de 54 días.
Estos contribuyentes se encuentran en situación de vulnerabilidad, toda vez que las personas deben permanecer confinadas en sus residencias por lo menos hasta el 25 de mayo.