Por solicitud de la Procuraduría, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ordenó al municipio de Pereira y a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A.S. ESP, que inicien obras de reconstrucción y rehabilitación de la canalización de la quebrada La Dulcera, tramo 1.
En la acción popular, el ministerio público alertó sobre el inminente riesgo de colapso en la obra correspondiente al barrio Pinares, construido sobre materiales de excavación y demolición, y que en la actualidad se encuentra erosionado y con infiltraciones, donde hay edificaciones sin el respeto de los retiros mínimos que garanticen su seguridad.
En segunda instancia, el alto tribunal acogió las pretensiones de la acción popular y declaró vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano.