En ese sentido recomiendan al Gobierno Nacional, adoptar preacuerdos de garantías en medio del diálogo y la negociación, que lleven a proteger los derechos, reiterando en el cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Americana, promoviendo el uso del derecho penal frente a la protesta, desmilitarizando los territorios y reconociendo los acuerdos alcanzados por actores locales.
